Protesta pacífica contra un proyecto minero en San Juan, República Dominicana, terminó en tensión cuando fuerzas de seguridad intervinieron con gases lacrimógenos y camiones lanza-agua. La movilización reunió a cientos de personas, incluyendo familias, preocupadas por el impacto ambiental y el acceso al agua. Videos muestran a manifestantes huyendo, lo que ha generado llamados a la atención de organismos internacionales.

La minería en la Cordillera Central reabre un debate serio en la República Dominicana. Esta zona, reconocida como Madre de las Aguas por la UNESCO, es clave para el agua y la agricultura del país. El proyecto de GoldQuest Mining Corp genera preocupación por posibles impactos en los recursos hídricos, donde el riesgo podría tener consecuencias nacionales.

San Juan está en el centro del debate por el Proyecto Romero, y detrás de la iniciativa aparece un nombre clave: Luis Santana. Este artículo repasa su trayectoria desde Azua hasta la minería internacional, incluyendo su paso por grandes operaciones como Pueblo Viejo y otras minas en el mundo, algunas marcadas por conflictos ambientales. Más que una figura, se analiza el modelo que representa y lo que podría significar para la provincia.

La situación en San Juan de la Maguana ha encendido un fuerte debate social tras el rechazo de amplios sectores a proyectos mineros. Comunidades y agricultores han salido a defender el agua y la tierra. Mientras crecen las protestas, también surgen denuncias de tensión, presencia policial y silencio de autoridades. Esto ha generado dudas sobre intereses detrás del proyecto y aumenta el reclamo de transparencia y decisiones que prioricen al pueblo.

a minería en República Dominicana puede ser legal, pero eso no garantiza que sea segura ni transparente. A partir de documentos oficiales disponibles en línea, este reportaje analiza lo que dicen las empresas, lo que realmente exige la ley y lo que queda sin asegurar. El caso del proyecto Romero evidencia una realidad incómoda: los impactos pueden ser significativos, mientras las garantías ambientales y el acceso a información para las comunidades siguen siendo limitados.