¿Están abusando con la ley? FOPETCONS San Juan y el cobro que tiene a medio mundo en olla, Cobro 1% FOPETCONS San Juan

Opinión y análisis desde el pueblo

En San Juan de la Maguana hay un runrún que no se puede ignorar. La delegación local de FOPETCONS está en el centro de la controversia por unos cobros que, según denuncias de ciudadanos, resultan abusivos y están poniendo a sudar frío a los trabajadores humildes del área de la construcción.

Según la Ley 6-86, a toda obra de construcción cuyo valor supere los RD$2,000 se le aplica un 1% destinado a pensiones y servicios sociales para los obreros. Hasta ahí, todo claro. Pero el problema surge en cómo se está aplicando esa normativa. Lo que nació como un derecho social parece estar siendo utilizado —al parecer— como herramienta para sacarle hasta lo último a la gente. ¿Y lo más preocupante? Que no está claro si ese 1% se calcula sobre el total de la propiedad o solamente sobre lo que realmente se va a construir (un cuartico, una galería, un baño). ¿Ves el detalle?

Avisos que nadie firma, papeles que aparecen tirados en la calle

A esto se suma el método de notificación, que, según los testimonios recibidos, raya en lo inaceptable. Algunos vecinos han compartido imágenes de cámaras de seguridad donde supuestos “inspectores fiscales” dejan los documentos tirados en las marquesinas o los botan frente a las casas, sin mediar contacto directo ni explicación alguna.

Además, hay reportes de que varios de esos documentos carecen de firma oficial o fecha, lo cual pone en duda su validez. ¿Qué clase de proceso legal es ese?

🔎 La sede en Santo Domingo responde

Como parte de este análisis, el equipo de Entre Sanjuaneros se comunicó con la sede nacional de FOPETCONS en Santo Domingo. Desde allá afirmaron desconocer estas prácticas y señalaron que ese no es el procedimiento reglamentario, por lo que iniciarán una revisión interna de la situación reportada en San Juan.

Esto motivó una revisión más profunda. Consultamos el Instructivo de Obras Públicas sobre Contratos de Obras, un documento oficial que regula las construcciones del Estado y las retenciones legales. Y lo encontrado confirma lo que muchos ya sospechaban.

📚 Lo que dice el instructivo oficial

El instructivo establece claramente que el 1% de la Ley 6-86 solo aplica a construcciones, reparaciones o ampliaciones cuyo valor supere los RD$2,000, y debe calcularse únicamente sobre la parte de la obra que se está ejecutando, no sobre la propiedad completa.

Todo cobro debe estar debidamente respaldado por planos, presupuestos aprobados y supervisión técnica, y los avisos deben ser documentos formales, fechados, firmados y avalados por las instituciones correspondientes. Documentos dejados al descuido, sin firma ni fecha, no tienen validez legal ni moral.

¿Negocio montado el Cobro 1% FOPETCONS San Juan?

Frente a estas irregularidades, crece la preocupación de que se esté manipulando la ley para obtener más dinero del que corresponde, aprovechándose del desconocimiento de la ciudadanía. La persona encargada de los cálculos ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntamente establecer tarifas exageradas, que en algunos casos —según ciudadanos— superan por mucho el salario promedio de un trabajador común.

¿Estamos ante simples errores administrativos o ante un sistema con brechas que permiten abusos?

¿Qué exigimos?

• Que se respete la ley, pero también al pueblo.

• Que se aclaren los criterios de cobro y se expliquen de forma pública y transparente.

• Que se investiguen posibles irregularidades o acuerdos por debajo de la mesa.

La Ley 6-86 se creó para proteger al trabajador, no para oprimirlo. Desde este canal, seguiremos haciendo eco de las voces del pueblo que hoy se sienten atropelladas.

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📌 Nota legal / Disclaimer:

Este artículo es una pieza de análisis y opinión basada en denuncias ciudadanas, documentación pública y normativa vigente, específicamente la Ley 6-86 y el Instructivo de Obras Públicas. Entre Sanjuaneros no acusa ni señala culpables, y cualquier mención a instituciones u operaciones responde al derecho ciudadano a la información y fiscalización pública.

Las opiniones vertidas aquí no representan una sentencia legal, y cualquier persona o entidad mencionada tiene pleno derecho a ofrecer su versión de los hechos. Este medio respeta el principio de derecho a réplica y se compromete a publicar cualquier aclaración oficial o respuesta que se reciba.